A pesar que se encuentra en litigio,
MTC borra nombre de Radio La Voz de nómina de emisoras.Radio La Voz de Bagua Grande, emisora cuya licencia fue cancelada tras los sucesos ocurridos el 5 de junio del año pasado en la Curva del Diablo (Amazonas), fue borrada de la nómina de diales que publica el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de su página web. Así lo denunció el director de dicha emisora, quien indicó que esto es improcedente, pues el retiro de su licencia aún es materia de litigio.
“En la relación que publica en Internet, el MTC borró dentro de la frecuencia de 102,1 el nombre de Radio La Voz. Cuando una emisora está impugnando una decisión del MTC, se pone el nombre cancelada y en impugnación”, señaló.
Los representantes de Radio La Voz manifestaron que el sector Transportes y Comunicaciones pretende vender de manera arbitraria su frecuencia. “Esta vez nos han borrado porque pretenden vender la frecuencia que corresponde a Radio La Voz. Por lo menos el MTC debería esperar a que culmine la acción de amparo que se tramita en el Poder Judicial”, aseveraron.
RADIO LA VOZ Y LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION
ESCRIBE: CARLOS FLORES BORJA
(El presente es un artículo publicado en inglés por la revista de la institución Index on Censorship, de Londres, Reino Unido).
Eran las tres de la madrugada del día 05 de junio del 2009 y el calor en Bagua Grande era sofocante. Casi no había podido conciliar el sueño durante toda la noche pensando en los acontecimientos que iban a desarrollarse en cualquier momento. Saludé a mis hijos Leyla y José que ya estaban listos para partir y les dí las últimas instrucciones: que tuvieran mucho cuidado, que no se expongan más de lo necesario al peligro y sobre todo que no se olviden de nada para que cumplan bien su función.
Desde el día anterior nos habíamos enterado que hoy 05 de junio serían desalojados de la carretera que ocupaban desde hacía dos meses más de tres mil nativos procedentes de diversas cuencas de los ríos Marañón, Santiago, Cenepa y Nieva. Ellos protestaban porque el gobierno del Perú no quería derogar una decena de Decretos Legislativos que ponían en peligro la propiedad de las tierras y los bosques donde miles de años habían vivido los nativos de la amazonía en paz con la naturaleza. El gobierno del Presidente Alan García tenía en agenda apropiarse de estas tierras para luego venderlas o concesionarias a empresas nacionales y transnacionales a fin de que las exploten en busca de minerales, petróleo y gas.
Cerca de cincuenta mil nativos habitan desde hace miles de años en el distrito de Condorcanqui, Región Amazonas, en el nororiente peruano. Ellos pertenecen a las etnias awajun y wampis, antes denominados jíbaros. No pudieron ser conquistados ni por los Chachapoyas, ni por los incas y menos por los españoles. Lucharon fieramente ante los intentos de conquista de su territorio y eran conocidos como reducidores de cabezas. Durante la República, continuaron habitando la selva amazónica en perfecta armonía con la naturaleza convirtiéndose de esta manera en los mejores y más seguros guardianes de los únicos bosques que sobrevivían en la Región Amazonas.
Y cuando se sintieron amenazados por el estado que pretendía alterar su modo de vida ancestral, reclamaron al gobierno pacíficamente durante casi dos años, hasta que cansados de no ser escuchados decidieron por primera vez en cientos de años, movilizarse con su vestimenta típica y sus lanzas hasta la carretera Fernando Belaunde, en el tramo conocido como la Curva del Diablo, ubicada en el distrito El Milagro, entre los caseríos Siempre Viva y El Reposo, provincia de Utcubamba y Región Amazonas. Lugar estratégico porque su ocupación interrumpía el intenso tráfico ente la costa y la selva, aislando a las regiones de Amazonas, San Martín y Loreto, principalmente.
De la noche a la mañana, más de tres mil nativos de Condorcanqui se movilizaron a través de canoas, carros y a pie, hasta llegar unos a la Estación de Bombeo número 6 de la empresa estatal Petro Perú; y otros a ocupar la carretera de penetración a la selva. Corría el mes de abril del 2009.
La respuesta del Presidente del Perú ante la movilización nativa fue llamar a los indígenas ciudadanos de tercera categoría, salvajes y perros del hortelano, porque según Alan García, esa gente no comía ni dejaba comer. Y el 5 de junio del 2009, decidió desalojarlos a la fuerza de la carretera, utilizando para ello a cientos de policías bien armados y apoyados por helicópteros. A cubrir ese desalojo marchaban esta madrugada mis hijos Leyla y José, como periodistas de Radio La Voz de Bagua Grande. Leyla se dirigiría a Bagua Chica y José al caserío El Reposo, más cercano a la Curva del Diablo
Esa cálida mañana nada hacía presagiar la dimensión de lo que acontecería. Pensamos que iba a ser un desalojo más de los que semanalmente suceden en el Perú y en el que se arrojan bombas lacrimógenas que originan la dispersión de los manifestantes. La emisora que yo dirigía funcionaba con autorización otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde abril del 2007 y ese cinco de junio se aprestaba a iniciar su transmisión a partir de las cinco de la mañana con su programa de música andina y campesina que antecedía al Informativo La Voz, que se difundía todos los días de 7 a 10 a.m. Ese día, estaba planeado informar a todos los oyentes del operativo policial de desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde. Mi hijo Léiter, operador de los equipos de Radio La Voz, prendió el transmisor de la emisora e inició la programación musical.
Antes de que el MTC autorizara el funcionamiento de Radio La Voz en abril del 2007, el informativo del mismo nombre se difundía en espacios alquilados en otras emisoras desde hacía diez años. Ya éramos conocidos como periodistas en la zona y nuestra línea informativa siempre estuvo caracterizada por la verdad y la defensa de los derechos humanos. Practicábamos y defendíamos nuestro deber de informar, así como el derecho que tenían los pueblos de recibir esa información. Fiel a nuestros principios, habíamos aprobado una programación para la radio que incluía dos informativos (La Voz, de 7 a 10 a.m., y Sin Censura, de 1 a 3 p.m.), así como espacios dedicados al fomento de la lectura, a la formación magisterial, a la defensa del medio ambiente, a la solidaridad con nuestros hermanos con discapacidad y a la difusión de la cultura y el arte campesinos.
A las seis con diez minutos de la mañana de ese 5 de junio, interrumpimos nuestro programa musical para dar paso a una llamada telefónica de José que anunciaba que el desalojo se había iniciado veinte minutos atrás. Los nativos estaban siendo atacados con gran cantidad de bombas lacrimógenas arrojadas desde tierra y desde el aire, a través de un helicóptero. A partir de ese momento, tanto José como Leyla se comunicaban con la radio a través de sus teléfonos celulares y la población de Bagua Grande y el Perú entero comenzó a informarse de lo que sería la más brutal de las agresiones contra un pueblo guerrero como los awajun y wampis.
Radio La Voz no dejó de transmitir un solo momento desde las seis y hasta las 10 de la mañana de lo que sucedía en la Curva del Diablo. Cuando llegaron los informes de los primeros muertos entre policías y nativos, no lo podíamos creer. Lo que parecía que iba a ser un simple desalojo se transformó en una masacre, donde al final se conoció la cifra exacta de policías fallecidos, pero nunca de la cantidad de nativos que habían corrido igual destino. Con dolor, yo que me encontraba en la cabina de Radio La Voz conduciendo el noticiero, tuve que transmitir lo que mis hijos con riesgo de sus vidas me informaban desde la Curva del Diablo y desde Bagua Chica.
El precio de la Libertad de Expresión en el Perú.-
A las diez de la mañana de ese aciago 05 de junio, nos cortaron la energía eléctrica y la señal de la radio salió del aire. Minutos antes, apareció en los medios de comunicación de alcance nacional la entonces Ministra del Interior Mercedes Cabanillas anunciando que Radio La Voz había utilizado su señal para fomentar la violencia y azuzar a los nativos para que asesinen a los policías. Igual actuación tuvieron otros altos funcionarios del gobierno aprista. Se nos culpaba injustamente de los lamentables sucesos acaecidos ese día en la Curva del Diablo. Silenciados mediante el uso abusivo del poder, ese 05 de junio del 2009 fuimos mudos testigos del traslado de la violencia policial hacia las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande. En ambas capitales provinciales, la población se levantó en protesta por la masacre en la Curva del Diablo y a la lista de muertos nativos y policiales tuvo que agregarse a los que cayeron y ofrendaron sus vidas en las dos Baguas. Ya no pudimos transmitir esas noticias, pero las rescatamos en placas fotográficas que después publicamos como testimonio gráfico en dos ediciones de la revista Curva del Diablo. El día 08 de junio del 2009, tres días después de la masacre, el MTC publicó en el diario oficial El Peruano la resolución que retiraba la licencia de funcionamiento de Radio La Voz. Se había cumplido la amenaza de la ex ministra Mercedes Cabanillas. Radio La Voz fue clausurada y permanece silenciada por más de nueve meses. Toda una familia que con gran sacrificio invirtió en esa pequeña empresa, se quedó sin trabajo. Toda una región que recibía información quedó privada, de la noche a la mañana, de su derecho a ser informada. Ése era el precio que se paga en el Perú por defender la Libertad de Expresión.
Enterados del atropello cometido contra Radio La Voz, una serie de instituciones salieron en su apoyo demostrándole su solidaridad. Más de cien emisoras integrantes de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) comenzaron a emitir pronunciamientos y a llamar telefónicamente para entrevistarme y enterarse de cómo evolucionaba el conflicto en la amazonía. Durante esos días, prácticamente tenía que permanecer sentado al lado del teléfono para contestar las llamadas primero de las emisoras nacionales afiliadas a la CNR, y luego a las llamadas del extranjero donde ya la noticia había rebotado gracias a la magia de la Internet. Otra cadena radial nacional integrada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), denominada Ideeleradio, comenzó también a transmitir sobre lo sucedido en la Curva del Diablo y la clausura de Radio La Voz.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer llegar mi reconocimiento por su apoyo combativo y solidario a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Asociación Pro Derechos Humanos, Coordinadora Nacional de la Prensa Popular y Alternativa, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que incluso me invitó a Washington a exponer mi caso), The Rory Peck Trust y, por supuesto, a Index on Censorship. Mi eterno agradecimiento también a las organizaciones de base y populares de la región Amazonas y del Perú, así como a las personas sencillas que han expresado su preocupación por la situación de la radio.
En el aspecto legal, hemos presentado a través del abogado Roberto Pereyra Chumbe, que gratuitamente me ha proporcionado el IPYS, dos alegatos ante el MTC, los mismos que han sido rechazados. Luego, agotada la vía administrativa, hemos acudido al Poder Judicial presentando una acción de amparo, la misma que ha sido rechazada en su primera instancia. Estos rechazos, prueban el ensañamiento del gobierno contra Radio La Voz, emisora a la que no le perdona el haber transmitido la masacre de la Curva del Diablo desde el mismo lugar de los hechos, desenmascarando la pretensión del gobierno de apropiarse de los territorios de las comunidades nativas, trasgrediendo la ley y ejerciendo desproporcionada violencia contra un pueblo desarmado.
No sólo es Radio La Voz…
La Libertad de Expresión en el Perú viene siendo seriamente vulnerada por el actual gobierno, que sin embargo se jacta de democrático. Por tratar de cumplir al pie de la letra los tratados de libre comercio que ha firmado con varios países, especialmente con los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Alan García no vacila en cerrar medios, como lo ha hecho no sólo con Radio La Voz, sino también con Oriente, Caplina, Orión, Vecinal y muchos más. Encarcela periodistas, como es el caso del colega Alejandro Carrascal Carrasco, preso en el penal de San Humberto, Bagua Grande. Enjuicia a comunicadores sociales y pretende apoderarse de canales de televisión de alcance nacional, como lo ha intentado últimamente con América Televisión Canal 4. Intimida a la prensa de provincias, pretendiendo sobre todo silenciar la selva, a fin de repartirla entre una serie de empresas que no respetan el medio ambiente. A los grandes medios de comunicación, en su mayoría, los mantiene como sus aliados o sus cómplices, merced a la publicidad estatal que les regala o a las exoneraciones tributarias que les ofrece. Pero como a las emisoras pequeñas y provincianas no puede comprarnos, simplemente nos cierra sin piedad. Y no sólo nos cierra, sino que incauta nuestros equipos, embarga nuestras cuentas bancarias y trata de ahogarnos económicamente a través de multas y otras sanciones que aplica indiscriminadamente.
Sin embargo, el gobierno nunca se imaginó que una emisora pequeña como Radio La Voz le iba a dar batalla. Y es que consideramos que la Libertad de Expresión es un derecho fundamental e inalienable por el que bien vale la pena luchar y hasta morir.
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